El Tribunal Supremo español ha generado polémica al emitir sentencias controvertidas en relación al IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios). Estas decisiones han beneficiado a los bancos y han evitado que devuelvan cerca de 44.000 millones de euros que cobraron de más a sus clientes. Expertos y abogados han cuestionado la imparcialidad de la Sala Primera del Supremo y han señalado su falta de conocimiento económico en la materia.
Las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo sobre el IRPH, luego de la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), han sido objeto de controversia debido a su claro sesgo favorable a los intereses de los bancos. La Sala Primera del Supremo ha distorsionado la ley de manera sorprendente para evitar que las entidades financieras reembolsen los aproximadamente 44.000 millones de euros que habían cobrado en exceso a sus clientes.
El abogado José María Erausquin ha afirmado que "el Supremo está obsesionado con minimizar los daños causados a la banca por el uso de cláusulas abusivas. Recordemos que en el caso de la cláusula suelo, argumentaron que la devolución del dinero afectaría al orden público económico. ¿Presentaron alguna prueba? No, fue una retórica falsa. ¿Alguna entidad bancaria se hundió por devolver el dinero de la cláusula suelo? Ninguna, todas siguen obteniendo beneficios millonarios. Fue una mentira. Luego, tuvieron que admitir que su fundamentación jurídica era contraria a la jurisprudencia del TJUE y rectificar, pero durante ese tiempo, miles de casos quedaron archivados como cosa juzgada. Con la Comisión de Apertura ocurrió algo similar. Consideraron que dicha comisión no podía ser abusiva porque todo consumidor sabía que las entidades solían cobrarla. El TJUE revocó esta fundamentación, y ahora, nuestro Tribunal Supremo cuestiona la decisión del TJUE alegando que se planteó mal la cuestión y propone una nueva pregunta, buscando, como todos sabemos, que el TJUE la declare válida".
Erausquin también critica la actuación del Tribunal Supremo en el caso del IRPH. Señala que, durante el debate en el Pleno de la Sala de lo Civil en 2017, hubo dos magistrados que discreparon y advirtieron que la sentencia que se iba a dictar no era legal y era contraria a la jurisprudencia del TJUE. Erausquin considera que debería haber sido la Sala de lo Civil la que elevara la cuestión prejudicial al TJUE para que este resolviera si lo que se pretendía dictar era conforme a derecho. Sin embargo, la sentencia se emitió con dos votos particulares en desacuerdo, lo que llevó a los abogados de los consumidores a recorrer todos los juzgados, mencionando los votos discrepantes que cuestionaban la legalidad de la sentencia.
Las sentencias del Tribunal Supremo han generado tal controversia que el despacho de abogados Arriaga Asociados presentó querellas por prevaricación, lo que resultó en represalias judiciales tanto para el bufete como para su fundador.
En conclusión, los bancos españoles han evitado devolver alrededor de 44.000 millones de euros gracias a las decisiones controvertidas del Tribunal Supremo en relación al IRPH. Estas sentencias han sido criticadas por su claro sesgo favorable a los intereses bancarios y por mostrar un desconocimiento económico por parte de los magistrados. La falta de imparcialidad y las interpretaciones erróneas de la ley han impedido que el dinero esté en manos de las víctimas de uno de los mayores fraudes en la historia de España. La situación plantea serias dudas sobre la justicia y el sistema legal en el país.
